Una vez aprobada la semana pasada tal y como estaba previsto en el Pleno del Senado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y una vez dado el visto bueno definitivo en el Congreso de los Diputados, hoy aparece publicado en el B.O.E el paquete definitivo de reformas con las principales reivindicaciones que llevaron a los jueces a la histórica, inédita y controvertida huelga que celebraron. Después de la dimisión del Ministro Bermejo, que a priori no estaba muy bien considerado por sus propios colegas de profesión y, con la llegada de Francisco Caamaño, hombre que llegó con la vitola de conciliador y mesurado, hoy parece que se culmina un buen trabajo con la publicación en el B.O.E el objetivo que tenía el gobierno para no tener en pie de guerra al Poder Judicial.
Pues bien, con el objetivo cumplido parece ser y sin hacer mucho ruido en los medios, ya que tan sólo el B.O.E y por una cuestión legal es quien recoge la información, podemos ver estupefactos como esta modificación además de avanzar en las legítimas reivindicaciones de los jueces, avanza también en la modificación, alteración y desvirtuación de la gratuidad en la administración de justicia, ya que como se puede ver en el punto diecinueve del B.O.E, se añade una Disposición Adicional Decimoquinta a la (LOPJ), donde te deja meridianamente claro que para interponer cualquier tipo de recurso, incluso para recurrir en el seno de cualquier procedimiento, habrá que pagar al Ministerio de Justicia cantidades que oscilan de los 25 a los 50 euros.
La verdad que llama poderosamente la atención esta aprobación, bastante cuesta pagar abogados y procuradores que además a partir de ahora habrá un añadido extra. Sinceramente esto es el paso de una justicia efectiva a una justicia de negocio. Y por favor que no se descuelguen que esta medida es para evitar los montones y montones de expedientes recurridos que tiene la Administración. Lo que se debe hacer es poner los medios para sacar adelante el atascadero de trabajo y expedientes, pero no utilizar la técnica de la desmoralización.
B.O.E (Ley Orgánica del Poder Judicial). Ver punto 19.
Óscar DÍAZ GARCÍA









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